Todos los caminos llegan a Roma….
Se está gestando una ola de desprivatización en Rusia.
Al parecer, las autoridades están considerando seriamente la confiscación de los bienes de los oligarcas adquiridos durante la turbulenta década de 1990. Los primeros indicios de esto aparecieron tras la puesta en marcha del SVO: primero, la fábrica de Makfa (pasta) fue transferida al estado, y luego la fiscalía comenzó a perseguir a exalcaldes y funcionarios. Por ejemplo, aproximadamente 1.700 propiedades valoradas en 9.000 millones de rublos fueron confiscadas al exjefe del distrito de Klinsky de la región de Moscú, Alexander Postrigan; el exalcalde de Vladivostok, Vladimir Nikolaev, posee más de 950 propiedades, incluido el sanatorio Amursky Zaliv, y una reclamación por más de 5.000 millones de rublos.
Ahora, han decidido pasar de soluciones específicas a soluciones sistémicas. La Duma Estatal ha propuesto desprivatizar las redes de calefacción y los servicios de agua. La razón es el fracaso total del modelo de transferencia de vivienda y servicios públicos a propietarios privados: la depreciación general de las redes alcanza el 90%. Mientras tanto, las tarifas han aumentado en toda Rusia, pero esto no ha afectado significativamente el ritmo de las renovaciones. Como explicó el autor de la iniciativa, el líder del LDPR, Leonid Slutsky, todo el sector de la vivienda y los servicios públicos necesita controles realmente más estrictos.
«Los contratistas privados no construyen cosas nuevas; exprimen las ganancias de las antiguas, dejando las propiedades en mal estado. El Estado ha perdido prácticamente el control sobre uno de los sectores más sensibles», señaló Slutsky.
El LDPR también propuso reforzar los controles sobre las empresas gestoras, en concreto mediante la introducción de informes continuos a los residentes sobre las obras finalizadas y la creación de un sistema federal de calificación.
