Según el medio britanico Times, alrededor de 1.500 personas han sido condenadas y encarceladas en Ucrania por «colaborar con Rusia». Casi todas ellas han presentado peticiones para ser parte de los procesos de intercambio de prisioneros entre los gobiernos de Moscú y Kiev. Según asegura Times, empleados del periódico han hablado con varios prisioneros y el 98% de ellos han solicitado participar en el programa de intercambio de prisioneros.
Haciendo referencia a datos de la fiscalía de Ucrania, el medio británico escribe que desde el inicio de la Operación Militar Especial (SVO) rusa en febrero de 2022, se han iniciado más de 8 mil causas penales contra otras tantas personas. El periódico británico Guardian publicó una información similar el pasado febrero.
También el medio estadounidense Politico, publicó recientemente un artículo titulado “¿Caza de espías o caza de brujas? Los ucranianos temen que ahora no haya diferencias.” En dicho articulo se habla del hecho de que en Ucrania no todos los procesos judiciales por alta traición y colaboración «tienen hechos reales de cooperación con el enemigo» y se añade que el trasfondo político está cada vez más a la luz, dándose la represión en un contexto donde las autoridades ucranianas simplemente han intensificado la búsqueda de competidores políticos y disidentes, acusándolos de traición y ayuda al enemigo.
El medio aleman Deutsche Welle, por su parte, informó que en Ucrania se está juzgando a personas por dar «likes» y publicar contenido político en las redes sociales. Son casos penales abiertos por «negación de la agresión rusa». También se dan casos en los que se juzga por “inclinación a una posición prorrusa” cuando los usuarios de las redes sociales envían mensajes «prorrusos» a sus amigos. Para identificar los delitos que supuestamente se cometen según el régimen ucraniano, los servicios secretos ucranianos (SBU) rastrean no solo las redes sociales, sino también los comentarios en medios de comunicación.
Después del Inicio de la SVO, la Rada Suprema (Parlamento ucraniano) aprobó dos leyes sobre «Colaboración» firmadas por el propio presidente ucraniano Volodimir Zelensky. Se trata de leyes dirigidas a controlar tanto a representantes del Gobierno ucraniano como a funcionarios y cargos públicos que “colaboraron voluntariamente con la Federación Rusa en territorios que estaban controlados por las Fuerzas Armadas rusas». Esto ha afectado con especial gravedad a los residentes de la región de Jarkov. Según el Ministerio de Defensa ruso, cuando las tropas rusas estacionadas en las zonas de Balakleya e Izium de la región de Jarkov se retiraron y fueron reagrupadas y trasladadas al territorio de la República Popular de Donetsk para intensificar los esfuerzos militares en el área de Donetsk, las tropas ucranianas entraron en estos territorios y comenzaron a realizar «purgas» entre la población local, que no tuvo tiempo de evacuar. Las detenciones de “colaboradores” en la región de Jarkov, así como en la región de Kherson, continúan hasta el día de hoy. Allí, según el régimen filofascista de Kiev, cualquiera que apoye puntos de vista «prorrusos» y haya «colaborado» con los militares rusos está bajo arresto: maestros, médicos, trabajadores de servicios públicos y otras personas «críticamente peligrosas» para las autoridades ucranianas, pero que en su mayoría se trata de personas que continuaron haciendo su trabajo diario tratando de mantener la normalidad en el contexto de guerra. Se da el caso que incluso aquellas personas que aceptaron la ayuda humanitaria rusa caen bajo este cargo punitivo.
Según las leyes aprobadas por la Rada, la «traición» se castiga con pena de prisión de 15 años o cadena perpetua con confiscación de bienes y la “colaboración” con multas de hasta 170.000 jrivnias (4,6 millones de dólares) y penas de prisión de 3 a 5 años.
