*Euskal Herria – Donbass Elkartasun Komitea info
A finales de 2017 la decision de un tribunal de la region de Moscu de deportar por la fuerza a Ucrania al ex-miliciano del Donbass Nikolai Tregub causó una gran protesta pública. El caso de este ciudadano ucraniano sirvio para visualizar la realidad que viven en la Federacion Rusa decenas de ex-combatientes del Donbass y muchos refugiados politicos ucranianos.
Las reglas de migracion rusas son muy severas con las circunstancias concretas de estos ex-combatientes y refugiados que asisten impotentes como la maquinaria legal rusa impide u obstaculiza de sobremanera la adquisicion de una posible nacionalizacion rusa (apelando a los lazos etnicos existentes al tratarse de poblacion rusofona), adquirir permisos de trabajo o algun tipo de estatus de refugiado. Un caso habitual para estas personas, que no pocas veces acaban frente a un tribunal ruso que decreta su extradicion o deportacion, suele ser no tener el pasaporte en regla al no poder acudir a Ucrania, por razones evidentes, a restaurar o actualizar documentos perdidos o caducados. Esta falta de una base legal los condena, mas aun teniendo en cuenta que la maquinaria migratoria rusa no les concede asilo temporal ni estatus de refugiado.
Una reciente reforma del Servicio Federal de migración de la federación Rusa no permite establecer el numero de ciudadanos de Ucrania que quieren regularizar su situación en Rusia por lo tanto no existen estadísticas pero se cuentan por miles.
A finales de enero de 2018 se celebro en la sede de una instituci
on cultural eslava de Moscu una mesa redonda para discutir precisamente sobre el destino al que se ven obligados muchos combatientes que defendieron al Donbass de la agresión fascista ucraniana y muchos refugiados políticos ucranianos todos los cuales están amenazados con el proceso de deportación y extracción de Rusia a Ucrania. El tema principal de discusión fueron los problemas legales y sociales de vivir en Rusia de los defensores del Donbass, refugiados y emigrantes políticos de Ucrania. ¿Cómo evitar su expulsión de la federación Rusa? y ¿Qué mecanismo legal debe desarrollarse para resolver este problema? fueron las cuestiones mas relevantes al respecto.
El acto fue organizado por la organización pública Triune Russia, la Unión de Emigrantes Políticos y Prisioneros Políticos de Ucrania (SPPU) y el Comité de Prisioneros de Guerra y Prisioneros Políticos (ORND) y contó con la participación del Instituto de Países de la CEI, el Fondo Internacional para la Escritura y la Cultura Eslavas, Consejo de Relaciones Interetnicas de Rusia, el Consejo de Nacionalidades (bajo el gobierno de Moscu), el Departamento de Diáspora y Migración del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), varias organizaciones públicas rusas que representan los intereses de los defensores de Donbass como el Comité Estatal de Construcción de Nueva Rusia así como miembros de organizaciones comunistas.
Uno de los primeros en intervenir fue Andrei Sedlov del ORND quien subrayo la necesidad de una «iniciativa legislativa» que cuente con una institución y «un grupo de trabajo» pues «estos muchachos necesitan un estatus especial”.
La presidenta del SPPU Larisa Shesler haciendo un análisis comparativo de las políticas estatales de refugiados en Serbia, Georgia y Rusia afirmo que el «problema es de naturaleza global y la base de esta tragedia, que experimentan decenas de miles de personas, está relacionada con el problema en la legislación rusa. No conozco un solo país en el que haya una actitud negativa tan dura hacia mis compatriotas»
En el resto de intervenciones se pudieron escuchar diversas opiniones que coincidían en la necesidad de buscar cambios legislativos en la Federación Rusa ya que la de las deportaciones y extradiciones se trata básicamente de una practica sistémica de la maquinaria estatal rusa aunque el representante del Comité Estatal de Construcción de Nueva Rusia y líder de la guardia eslava Vladimir Rogov puso el toque discordante al enfatizar en que no hay que olvidar la importancia que tiene en esta cuestión la voluntad política de la clase dirigente rusa. En relación a esto, desde que estallara la crisis ucraniana y el Estado ruso tuvo que empezar a gestionar la cuestión de los combatientes, refugiados y emigrantes políticos ucranianos no han faltado algunas iniciativas políticas para encauzar este asunto y así en diciembre de 2017 el diputado de la Duma estatal Konstantin Zatulin hizo un llamamiento a Vladimir Putin sobre la necesidad de una amnistía migratoria para los refugiados de Ucrania sin que desde el Kremlin se hiciera nada a tal efecto.
Finalmente como resultado de la mesa redonda los presentes adoptaron una apelación final donde quedaron reflejados los acuerdos obtenidos tras la discusión. Esa apelación final se envío posteriormente a las autoridades pertinentes de la Federación Rusa.
Aunque ha pasado ya un año y medio desde la elaboración de este documento y aunque ahora mismo no es de actualidad ningún caso de extradición o deportación de combatientes ni de refugiados políticos de Rusia a Ucrania desde el Comite hemos visto conveniente recordarlo y reproducirlo en la web, pues es una manera de visibilizar un trabajo y una realidad que demasiadas veces cae en el olvido como es el que ejercen hacen las asociaciones de presos políticos en este caso los ucranianos.
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APELACION
A pesar de las declaraciones de los líderes de la Federación de Rusia sobre el máximo apoyo a los ciudadanos ucranianos que abandonaron el país como resultado de las operaciones militares y la persecución política, la situación con los derechos de los refugiados, los defensores de Donbass y los emigrantes políticos se está deteriorando. La crisis política y el conflicto armado conducen a un aumento en el flujo de personas para quienes regresar a Ucrania equivale a la muerte, la persecución política o la tortura.
Sin embargo, a pesar de esta situación, los servicios de migración de la Federación de Rusia exigen la deportación de decenas y cientos de ex milicias, refugiados y emigrantes políticos, negándose a admitir el hecho obvio de la continuación de las hostilidades y represiones en Ucrania.
Las reglas de migración ponen en una situación desesperada a los refugiados pacíficos que tienen documentos que han expirado, no pueden obtener el registro en el lugar de estadía, no pueden recibir trabajo legal debido a la incapacidad de legalizar su estado.
Deseando reducir el número de refugiados que reciben asilo temporal, los servicios de migración se niegan masivamente a extender u obtener asilo temporal, aunque las personas que lo solicitan no pueden regresar a sus hogares debido a la guerra en curso. Al mismo tiempo, los servicios de migración toman una decisión según la cual los refugiados, a menudo con bebés, están obligados a abandonar inmediatamente Rusia y regresar a la zona de bombardeos. Entonces, en la región de Vorónezh, se ordena a la familia de refugiados Sopolev con dos niños pequeños que vayan al Stakhanov (LNR) dentro de los tres días.
Una situación aún más difícil es con los defensores del Donbass, que llegaron a Rusia después de ser heridos o intercambiados. Muchos de ellos tienen documentos vencidos o incluso perdidos durante las operaciones militares. El hecho de que se les niegue el asilo temporal los convierte en infractores involuntarios de las leyes rusas, empujándolos a inmigrantes ilegales. Como violadores de las leyes de migración, son condenados a deportación a Ucrania, donde son declarados separatistas y cómplices de los ocupantes rusos, y donde enfrentan una sentencia de hasta 15 años.
Docenas de ex milicias están detenidas en centros de detención para ciudadanos extranjeros, en espera de deportación a Ucrania. Uno de ellos es Nikolai Tregub, una milicia de Donbass que no pudo recibir protección como refugiado, y fue sentenciado a deportación forzada en enero de 2018.
El liderazgo de Rusia y la República de Donbass ha estado trabajando en el intercambio de prisioneros de guerra durante meses y años, y las decisiones de los tribunales rusos han devuelto a las antiguas milicias a las cárceles de SBU. Las autoridades ucranianas también utilizan la Convención sobre el apoyo legal de los países de la CEI, adoptada en 1993, y exigen la extradición de miembros de la milicia y activistas contra Maidan, atribuyéndolos a delitos penales, y la oficina del fiscal ruso arresta y prepara a estas personas para la extradición a estas solicitudes.
Todos estos problemas no pueden resolverse como una excepción o en el «modo manual». Es necesario tomar decisiones sistémicas que eviten que esto suceda. Dichas decisiones podrían incluir la creación de un departamento de estado para la migración desde Ucrania y la migración de compatriotas rusos. Tal departamento tendría la tarea de recibir y adaptar refugiados y compatriotas, en lugar de crear barreras insuperables para su adaptación en Rusia.
Creemos que es necesario suspender la Convención sobre el apoyo legal de los países de la CEI, ya que Ucrania, que ha declarado a Rusia como agresor, ocupante y enemigo, no puede reclamar objetividad e imparcialidad al considerar los casos de extradición.
Pedimos una amnistía migratoria para todos los refugiados, milicias y emigrantes políticos que violaron involuntariamente las leyes de migración, excediendo los términos de estadía en Rusia, incapaces de abandonarla.
Solicitamos detener la práctica de rechazos absolutamente irrazonables para otorgar y extender asilo temporal para refugiados del Donbass y emigrantes políticos, ya que nada ha cambiado en el contexto de la confrontación en el sudeste de Ucrania, y la situación con la persecución de los disidentes, según lo confirmado por los informes de la ONU y la OSCE, solo ha empeorado .
Creemos que el apoyo social y la humanidad hacia los emigrantes políticos, refugiados y defensores del Donbass es la única acción posible para consolidar a Rusia en una confrontación global.
