Por Manlio Dinucci. Red Voltaire
Contrariamente a lo que afirma la prensa europea, la decisión rusa de cancelar la construcción del gasoducto South Stream, lejos de ser simplemente un revés para Rusia –que pierde así 4 500 millones de dólares–, es sobre todo una grave pérdida para los países de la Unión Europea. Estos países pierden simultáneamente monumentales contratos de construcción, los derechos de tránsito que iban a percibir por el paso del gasoducto por sus territorios y el desarrollo económico facilitado por el acceso a un recurso energético barato. Se trata, sin dudas, de la peor catástrofe económica que ha sufrido la Unión Europea.
«Rusia se ve por el momento obligada a retirarse del proyecto South Stream debido a la falta de voluntad de la Unión Europea para apoyarlo y dado el hecho que Bulgaria no ha autorizado todavía el paso del gasoducto por su territorio.» Así anunció el presidente ruso Vladimir Putin la interrupción del proyecto South Stream, el gasoducto concebido para llevar el gas ruso hasta los países de la Unión Europea a través de un corredor energético meridional, sin pasar por Ucrania. De esta manera, escribe la agencia [italiana] Ansa, Moscú «asesta una bofetada a Europa».
En realidad es Washington quien asesta otra fuerte bofetada a Europa al bloquear un proyecto de 16 000 millones de euros que habría podido ser de gran importancia económica para los Estados de la Unión Europea, empezando por Italia, donde se habría construido la terminal del gasoducto.
Para entender lo sucedido, hay que recordar la historia de South Stream.
El proyecto nace del acuerdo de asociación estratégica formulado entre la compañía estatal rusa Gazprom y la italiana ENI en noviembre de 2006, durante el segundo gobierno de Prodi. En junio de 2007, el ministro [italiano] de Desarrollo Económico, Pierluigi Bersani, firma con el ministro ruso de Industrias y Energía el memorándum de entendimiento para la realización de South Stream. El proyecto prevé que el gasoducto constará de un tramo submarino de 930 kilómetros a través del Mar Negro (en aguas territoriales de Rusia, Bulgaria y Turquía) y de un tramo terrestre a través de Bulgaria, Serbia, Hungría, Eslovenia e Italia hasta Tarvisio (provincia [italiana] de Udine). En 2012 entran también en la compañía accionista que financia la realización del tramo submarino la firma alemana Wintershall y la compañía francesa EDF –con un 15% cada una– mientras que [la italiana] ENI (que cedió un 30%) conserva un 20% y Gazprom se mantiene con el 50% de las acciones. La construcción del gasoducto comienza en diciembre de 2012, para iniciar la entrega de gas en 2015. En marzo de 2014, Saipem (ENI) se adjudica un contrato de 2 000 millones de euros para la construcción de la primera línea del gasoducto submarino.
Pero mientras tanto estalla la crisis ucraniana y Estados Unidos presiona a sus aliados europeos para que reduzcan las importaciones de gas y de petróleo rusos. Impedir la realización de South Stream se convierte en el objetivo número 1 de Estados Unidos. Washington ejerce entonces crecientes presiones sobre el gobierno búlgaro para obligarlo a bloquear los trabajos del gasoducto. Primeramente, lo critica por haber puesto la construcción del tramo búlgaro del gasoducto en manos de un consorcio del que forma parte la empresa rusa Stroytransgaz, objeto de las sanciones estadounidenses. Después, la embajadora de Estados Unidos en Sofía, Marcie Ries, advierte a los hombres de negocios búlgaros que deben evitar trabajar con empresas sujetas a las sanciones estadounidenses.